Más cerca del final de la pena de muerte

La pena de muerte retrocede en el mundo, en parte gracias a la Iglesia. Aún así, hay países que a pesar de la COVID-19 han triplicado sus datos.

2 de Mayo de 2021.- La pena de muerte está retrocediendo en el mundo. Incluso podría hacerlo aún más este jueves. El Parlamento Europeo se pronunció sobre la ley de la blasfemia en Pakistán a raíz del caso de Shagufta y Shafqat, un matrimonio pakistaní condenado en 2014. «Esperamos una condena rotunda», dice Joseph, hermano de Shagufta, a Alfa y OmegaY la condena llegó.

Se «está arraigando una nueva conciencia» en el mundo que explica que cada vez sean más los países que han abolido está práctica, asegura el responsable de las iniciativas de Sant’Egidio para la abolición de la pena de muerte, Marco Gnavi. «La historia muestra que las moratorias y la eliminación de la pena de muerte reducen el nivel de odio y conflicto, y devuelven la esperanza a la gente», señala el también párroco de la basílica de Santa María en Trastévere, en Roma. Gnavi pone de relieve las consecuencias, como «la crueldad de las ejecuciones», el «dolor no curado de los familiares», los «inocentes asesinados» y el nulo efecto disuasorio.

Protestas en EE. UU. contra la primera ejecución federal de una mujer en casi 70 años.
(Foto: REUTERS / Bryan Woolston)

Ante este panorama, el sacerdote resalta «la predicación de la Iglesia sobre la santidad de la vida y el valor de cada persona». Con su «observancia fiel del quinto mandamiento –no matarás–», lleva décadas trabajando contra la pena capital. Este trabajo se intensificó aún más, si cabe, desde que en 2018 se reescribiera el Catecismo para dejar claro que «la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona; y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo». Lo que convierte en «indispensable», según el responsable de Sant’Egidio, «esta postura para quien se denomina católico».

En cifras

1.477 condenas a muerte en 54 países, lo que supone un 36 % menos que en 2019.

483 ejecuciones fueron las registradas por Amnistía Internacional en 2020.

26 % de descenso respecto a las 657 ejecuciones registradas en 2019.

18 países en total aplicaron la pena de muerte durante el año pasado.

88 % de las ejecuciones se registraron en tan solo cuatro países: Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí.

16 mujeres fueron ejecutadas, lo que representa un 3 % del total de ejecuciones.

108 países abolieron por ley la pena de muerte hasta 2020 (144 los que la abolieron en la práctica).

Mínimo histórico
El retroceso de la pena capital en el mundo la acaba de documentar Amnistía Internacional (AI) en su último informe, recientemente publicado. En él se habla de 483 personas ejecutadas durante 2020, lo que representa una disminución del 70 % respecto a 2015, cuando se produjo el máximo de 1.634 ejecuciones. «Esta cifra es la más baja en un decenio por tercer año consecutivo», explican desde la ONG.

Sin embargo, «mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la COVID-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa», ha denunciado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

A la cabeza se encuentra Egipto, que en 2020 triplicó su cifra de ejecuciones anuales, seguido de Irán, Irak y Araba Saudí. Mención aparte merece China, que según AI es el mayor ejecutor mundial, pero cuyos datos se desconocen porque están sometidos a secreto de Estado. Y EE. UU. , que por duodécimo año consecutivo es el único país ejecutor de América y el año pasado reanudó las ejecuciones federales después de 17 años.

EE. UU.

A pesar de la denuncia de Amnistía Internacional, las cifras de EE. UU. han mejorado respecto a 2019 y se espera que lo hagan más todavía. Para ello, es clave la posición de Biden, «primer presidente en ejercicio que se opone abiertamente a la pena capital», explica Krisanne Vaillancourt, directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network (CMN), una entidad que trabaja contra la pena de muerte en el país en colaboración con los obispos.

El trabajo de CMN comenzó en 2009 y se fundamenta en la oración. «Ofrecemos diversas iniciativas de oración, como unas vigilias mensuales a través de Zoom». Además, desarrolla un programa de formación para católicos en el que se profundiza en «las enseñanzas de la Iglesia sobre la santidad de la vida y la inadmisibilidad de la pena capital», y sobre la justicia restaurativa. También «movilizamos a personas de buena voluntad para que se pronuncien contra las próximas ejecuciones y promuevan legislación abolicionista a nivel estatal y federal». Por último, «tratamos de dar máxima difusión» al testimonio de los afectados por esta práctica y «mostrar cómo se pueden desarrollar acciones de justicia restaurativa dentro de las comunidades católicas». Toda esta labor tiene frutos: «El apoyo a las ejecuciones está en mínimos históricos» y su «fin es claramente posible. Es cuestión de tiempo».

Irak

La aplicación de la pena de muerte en Irak está marcada, principalmente, por el terrorismo. De hecho, «la mayoría de las condenas a muerte de los últimos años se han dictado en aplicación de la ley antiterrorista», y «su aplicación ha sido más generalizada durante la crisis terrorista desatada por el ISIS», explica a este periódico la cristiana Pascale Warda, ex ministra de Migración y Refugiados y actual presidenta de la Organización de Derechos Humanos de Hammurabi (HHRO). La violencia desmedida del ISIS, con «la masacre sufrida por la población», ha provocado «un apoyo de la mayoría de los iraquíes a la pena de muerte». «Creen que es la solución ideal para acabar con el terrorismo en Irak», asegura Warda. 

Así, a pesar de que la Iglesia «no puede trabajar oficialmente» ante esta práctica, asegura el sacerdote iraquí Aram Pano, sí «se ha pronunciado públicamente contra la pena capital» y «ha pedido que se reemplacen estas condenas por otras que respeten la sacralidad de la vida», añade la exministra. «Pero nadie escucha estas llamadas» porque el terrorismo afecta al día a día de los ciudadanos y «la violencia ahora es parte de la cultura actual».

HHRO trabaja para deshacer este camino. También la Iglesia, «con su oración diaria» y con su sensibilización sobre la importancia del diálogo y la consideración de todos los ciudadanos como iguales», concluye Warda.

Pakistán

Es uno de los países que mantiene la pena de muerte, aunque en 2020 no hizo uso de ella a pesar del clamor popular del islamismo radical para que se ejecuten condenas como la impuesta a Shagufta Kausar y Shafqat Emmanuel. Hace siete años fueron condenados a la pena capital por haber enviado mensajes blasfemos, supuestamente. El matrimonio siempre defendió su inocencia, pero los jueces no se atreven a dejarlos en libertad por temor a los defensores de la ley de la blasfemia. «El juicio se ha retrasado varias veces» en 2021, explica a Alfa y Omega Joseph –hermano de Saghufta–, porque en el momento de valorar el recurso contra sus condenas, los jueces alegan que se ha acabado su jornada laboral. Ante esta situación, «Shagufta no está bien mentalmente. Está deprimida y sufre mucho. No puede soportarlo más». Shafqat, incluso, sufre una enfermedad física «para la que no está recibiendo tratamiento médico» y «estuvo en coma durante tres días».

Más concreta es la ayuda de la Iglesia. A la «oración», hay que sumar «el dinero que estamos recibiendo para sus hijos». Con él, además, «pueden viajar a la prisión y visitarla». La Iglesia también se ha pronunciado públicamente por su «liberación» y han recogido firmas. Además, «están tratando de hablar contra la ley. Pero hay muchas dificultades en este sentido. Es un tema muy delicado».

Egipto

La excepción al retroceso de la pena de muerte en todo el mundo es Egipto, que en 2020 triplicó sus datos, pasando de 32 personas ejecutadas en 2019 a 107 un año después. La situación en el país africano es muy delicada. Es más, la gran mayoría de organizaciones consultadas para la elaboración de este reportaje no han querido participar, y solo lo ha hecho un sacerdote con la condición de no ofrecer ningún dato que le pueda localizar por temor a represalias contra él y su familia.

Sobre la labor de la Iglesia contra la pena de muerte, este presbítero asegura que «puede hablar contra la pena capital pero tan solo en su ámbito propio. No se puede pronunciar al respecto a nivel público». La labor limitad de la Iglesia en este aspecto ha generado que «muchos ciudadanos estén a favor de la pena de muerte cuando se aplica a los terroristas», asegura el cura, procedente de una ciudad situada a orillas del río Nilo. «El apoyo es menor si se trata de un crimen normal no vinculado con el terrorismo». Con todo, el sacerdote remarca que «en los últimos siete años ha mejorado mucho la libertad religiosa» y que «la Iglesia no tiene problemas para emprender sus actividades», aunque «todavía hay que mejorar en este ámbito en los niveles más inferiores de la administración» y «en el tema de la construcción de nuevas iglesias».

José Calderero de Aldecoa



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